Por Iván Marín
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| Gabriela Bidera |
La cuarta
audiencia del segundo juicio por el crimen de Julián Antillanca en manos de la
policía volvió a caracterizarse por las interrupciones de la Defensa y extensos
cuartos intermedio a los que nos tiene acostumbrado el Tribunal para resolver
situaciones que se presentan en las mismas.
En el caso
particular de la jornada de hoy, que comenzó con más de una hora de retraso
tras haberse suspendido ayer por la ausencia de Gabriela Bidera, acusada de encubrimiento
agravado, María Laura Martensen, su abogada defensora, solicitó la
suspensión del juicio a prueba argumentando que su defendida dice encontrarse “desgastada, estresada, no
tiene trabajo”, y demás situaciones de índole personal. La fiscal Mirta
del Valle Moreno no dudó un instante en sumarse al pedido de Martensen. Esto
derivó en que el Tribunal compuesto por los jueces Darío Arguiano, Marcelo
Nieto Di Biase y Adrián Barrios dispusieran de un cuarto intermedio de
aproximadamente tres horas, para volver a iniciar el debate a las tres de la
tarde.
Sobre el particular la abogada de la familia de Julián,
Verónica Heredia, señaló que si bien la “opinión de la querella no es vinculante, no coincidimos con el
ministerio Público Fiscal que rápidamente aceptó esta petición”. Respaldó su
posicionamiento afirmando que el delito por el cual se acusa a Bidera es
agravado por involucrar a funcionarios públicos, en este caso policías. Por lo
cual no cabría la solicitud de la defensa. Recordemos que Bidera es hija de un excomisario de Trelew.
La
suspensión de juicio a prueba implica que dejaría de caer la acusación sobre la
persona imputada luego de un tiempo estipulado por el Tribunal en el cual la
persona involucrada debería realizar trabajo comunitario. En este caso la
fiscal solicitó un período de dos años y sesenta horas de trabajo comunitario
en la ciudad de Puerto Madryn. Transcurrido este plazo se caería la causa que
pesa sobre Bidera.
Obviamente,
esta situación despertó la indignación de la familia de Julián, aunque no
generó sorpresa en su abogada. Heredia dijo que “en realidad el ministerio
Público Fiscal trabaja permanentemente con la policía y tal como se estableció
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo cierto es que los abusos
policiales se dan con connivencia o desconocimiento de esta institución”.
Agregó que “la fiscal directamente ni habla con nosotros, a tal punto que nos
tendría que haber informado que iba a dar este consentimiento a una suspensión
de juicio a prueba a una de las imputadas y no lo hizo. En realidad, nosotros
estamos denunciando violencia institucional, y el ministerio Público Fiscal
forma parte de esa institución que nosotros denunciamos. Es coherente que la
fiscal no quiera hablar con nosotros”.
Finalmente
el Tribunal dio lugar al pedido de la Defensa y la fiscal. Luego se inició el
debate que duró aproximadamente dos horas y media. Allí prestaron testimonio
cuatro de los ocho testigos estipulados para el día de la fecha, la gran
mayoría de ellos policías. En este sentido Heredia advirtió que desde “el lunes
primero de junio hasta hoy 9 han pasado solamente seis horas de audiencia, a
pesar que el artículo 3 del código procesal habla de celeridad, concentración,
simplificación. Todo esto no se cumple. Empezó el primero, fue casi una hora,
pasó a receso por tres días, luego hubo dos horas nada más de debate, se pasó a
ayer, estuvimos en concreto una hora o menos. Y hoy estuvimos tres horas”. Además
denunció una previsible poca voluntad de los policías para declarar, en general
recurriendo a falta de memoria sobre los hechos ocurridos.
Mañana miércoles a
las ocho de la mañana continúa el juicio. La abogada querellante anticipó que
“tendrían que venir los nueve testigos que no vinieron ayer, más los que
tendrían que haber declarado hoy y otros nueve que tenía previsto para mañana”.
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