Una vez más Trelew, una vez más la impunidad,
una vez más los jueces de esta justicia de clase, una vez más policías acusados
de hechos aberrantes recuperan la libertad. Ayer absolvieron a cinco policías
acusados de torturar y violar a un pibe de 16 años en la Comisaría Segunda de
Trelew el año pasado. Este escandaloso caso fue noticia nacional el año pasado
en dos oportunidades: 1) cuando se produjo y 2) cuando dos meses después se
asesinó a un testigo supuestamente “protegido” del caso, que se encontraba
fuera de la provincia y había regresado unos días a la ciudad a hacer trámites
personales.
Hace también poco más de un año la misma
justicia provincial absolvía a todos los policías acusados de asesinar al joven
Julián Antillanca en septiembre de 2010. Todos estos casos en cuestión contaron
con una profunda indignación y movilización popular con costos políticos
importantes para los distintos gobiernos de turno: renuncias varias veces de
los jefes policiales provinciales, desprestigio de la fuerza, entre otros.
Lamentablemente el desarrollo del juicio ya hacía presagiar una sentencia como
la que se leyó ayer, ya que, según dicen los periódicos locales, (el juicio se
desarrolló en su totalidad puertas cerrada), se iban “cayendo las pruebas
acusatorias”. Es evidente que hubo complicidad entre la fiscalía, los jueces,
el aparato policial y, principalmente, el gobierno provincial K, para que este
caso quede en la impunidad, y con ello reforzar más el aparato represivo del
estado.
Lo increíble del caso, entre tantas otras
cosas, es que fue la propia ministra nacional Nilda Garré la que el año pasado,
en ocasión del asesinato de Bruno Rodríguez, testigo “protegido” en esta
causa, ya había señalado la culpabilidad de los acusados al decir: “el hecho en cuestión es doblemente grave
pues la víctima había testificado en contra de un grupo criminal enquistado
dentro de la policía provincial”. Esos criminales señalados por la ministra
Garré son los que hoy gozan de la libertad otorgada por su justicia. ¿Acaso
puede sorprendernos a esta altura estas supuestas “contradicciones” de un
gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos pero utiliza las
fuerzas represivas del estado, como por ejemplo la Gendarmería y su Proyecto X,
para espiar a los luchadores? El doble discurso del gobierno nacional y
provincial se hace cada vez más patente. El propio gobernador en ocasión de
cumplirse 40 años de la Masacre de Trelew planteó cínicamente proponer a “Trelew como capital nacional de los derechos
humanos”, aprovechando marketineramente el juicio que se estaba llevando a
cabo en aquel momento. Para que este caso no quede impune se hace más necesaria
que nunca la movilización popular exigiendo justicia.
27/04/2013
El Ruido