Por Iván Marín, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)
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| "En el Día de la Tierra criminalizados por defenderla" |
En el día de ayer se realizó en la Sala 2° de
la Oficina Judicial de Puerto Madryn, la audiencia preliminar, en la causa que
se le abrió a cinco compañeros y compañeras militantes por el “No a la mina en
Chubut”. Todos son integrantes del Foro Social y Ambiental de la Patagonia. Los
acusados son: Andrés Mangaroni, Romina Krebbs, Noelia Nicolás, Jimena Ibarra y
Gastón Losardo. Entiende en la causa la jueza Patricia Reyes[1].
A la salida de la audiencia entrevistamos a
Gastón, quien nos detalló los hechos por los cuales se los acusa: “expresaban el repudio a la megaminería y
hacían expresión de la corrupción de los políticos. Se nos abrió una causa
penal en clara persecución política por la lucha”. Eduardo Hulapa, uno de
los abogados defensores, amplió diciendo que “lo que pasó es que la fiscalía insistió con una solución negociada,
cerrar la causa y que acá no pasó nada. Nuestra posición era no aceptar eso.
Intentan asustar a quienes quieren reclamar algo, porque castigar por grafitis
es una forma de limitar la posibilidad de expresarse”. En este sentido,
Gastón, ratificó con firmeza que, “hemos
resuelto en conjunto con las demás asambleas de la región que no hay nada que
disculpar ni ocultar, que en todo caso estamos amparados por derechos y por la
historia que estamos viviendo, siempre defendiendo el agua y la tierra”.
La jueza Reyes tiene tres días para expedirse sobre
el sobreseimiento de los compañeros o resolver si se va finalmente a juicio.
Otra de las discusiones que atravesó esta audiencia preliminar fue la propuesta
de la defensa, ante la eventualidad de ir a juicio y el planteo de la fiscalía
de que el mismo se efectúe a cargo de un juez unipersonal, a que el mismo se
realice bajo la modalidad de jurados. Hualpa justificó esta estrategia porque “la constitución establece que para los
delitos de libertad de expresión corresponde un jurado. El jurado es gente del
pueblo, resuelve con sentido común”. Ante la consulta sobre posibles
experiencias anteriores con esta modalidad, respondió que “de aceptarlo sería la primera vez que se hace un juicio oral, desde
1957 que la constitución dice eso y nunca se ha hecho”. Finalizó
advirtiendo que “planteamos que sería
inconstitucional no proveer al juicio de un jurado. Las penas son máximas de
dos años”.
El avance de la criminalización de la protesta
social se puede sentir a lo largo y ancho del país, con más de 5000 procesados
por luchar, represiones a distintos reclamos ambientales o de trabajadores,
como el caso de Lear, y que tiene como máxima ejemplificación la condena a
cadena perpetua a petroleros de Las Heras. La justicia muestra todos sus
dientes de clase frente a luchadores que se levantan para pelear por su
derechos, como el caso de estos compañeros a quienes se acusa por realizar
meros grafitis en el espacio público, mientras las empresas multinacionales se
la llevan con pala, echan a sus trabajadores cuando quieren y tienen a las
fuerzas represivas del estado a su servicio cuando las necesitan.
