Causa Antillanca: Forenses niegan muerte por coma alcohólico. Séptima audiencia

Por Iván Marín

Diego Rodríguez Jacob, médico forense del Poder Judicial, circunscripción Trelew  

La jornada de ayer del juicio por el crimen de Julián Antillanca en manos de la policía tuvo como protagonistas fundamentales a dos médicos forenses. Ambos coincidieron en afirmar que la muerte de Julián no fue producto del coma alcohólico, como se había mencionado a horas del hallazgo de su cuerpo, aunque también hubo contradicciones entre los peritos.

La audiencia comenzó en una sala reducidísima, sin lugar para el ingreso de familiares e incomodidad para el trabajo de la prensa, donde fuimos los únicos presentes. La primera persona en prestar testimonio fue Héctor Quisle, actual segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, quien estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Trelew durante el año 2010. Quisle, mediante videoconferencia, reconoció que cuando llegó al lugar donde encontraba el cuerpo, el mismo presentaba signos de haber recibido golpes.

Luego le tocó el turno a Pedro Saracho, médico de la policía de la Unidad Regional Trelew que revisó el cuerpo de Julián Antillanca en la calle. Señaló que “el cuerpo se encontraba boca abajo” e indicó como causa probable de muerte un traumatismo encéfalo-craneano.  

Uno de los testimonios más importantes desde que comenzó este segundo juicio lo prestó Diego Rodríguez Jacob, médico forense del Poder Judicial, circunscripción Trelew.  Jacob recordó que el 5 de septiembre a las 16:40 horas comienza la autopsia. Luego detallar en qué consistió la misma, concluyó que “en base a lo observado este perito entiende que las lesiones descriptas en la extremidad encefálica no son de magnitud tal que las coloque como causal de muerte, orientándose la pericia a una posible falla cardíaca. Es decir, que se puede esgrimir como posible diagnóstico presunstivo de muerte una causa clínica no violenta ni traumática. De igual manera para rectificar o ratificar lo dicho resulta necesario contar con los estudios anatómo-patológicos y bioquímicos complementarios sobre las muestras obtenidas, estableciéndose jerárquicamente la detección de alcohol, tóxicos, psicofármacos y drogas sobre los fluidos que el perito bioquímico estime más viable y el estudio anátomo-patológico del corazón para posteriormente continuar con las pericias sobre los órganos restantes”.

Sobre el particular, la abogada querellante Verónica Heredia, le pregunta si de lo expuesto concluyó que haya existido coma alcohólico, a lo que el perito responde: “Eso fue algo que se dijo, pero los comas alcohólicos la única la forma de establecerlos son mediante estudios complementarios”.

 

Herminio González, forense de la circunscripción judicial de Puerto Madryn

Finalizó el debate la esperada exposición de Herminio González, forense de la circunscripción judicial de Puerto Madryn, quien fue uno de los encargados de realizar la segunda autopsia sobre el cuerpo de Julián. Durante aproximadamente una hora y media de puntillosa exposición, González difirió con  el anterior forense respecto de los golpes recibidos y los efectos que los mismos provocaron sobre la humanidad de Julián. Entre otras cosas, señaló que las patadas en la cabeza producen lesiones en las vértebras cervicales, que en el caso de Julián fueron uno de los factores para la pérdida de consciencia primero y de la vida después. Dijo que su cuerpo fue sometido a múltiples golpes, que la gran mayoría de los mismos eran vitales, es decir mientras aun se encontraba con vida,  y que la muerte fue producida por lesiones cerebrales. Completó describiendo que por lo menos cuatro horas antes de morir dejó de tomar alcohol.

Se desprende de lo expuesto por González, -quien a diferencia de lo que venía sucediendo hasta el momento en el juicio, demostró buena predisposición para describir con sumo detalle las situaciones que lo involucran-, importantes contradicciones respecto de la autopsia efectuada por Jacob, la más notoria claramente es respecto de la causa de la muerte, en donde se demostró que la misma fue producto de los golpes.

Consultada por las declaraciones de los peritos, Heredia señaló que ambos testimonios demuestran “en primer lugar lo que dijo César Antillanca al declarar que cuando él llegó ese 5 de septiembre el comisario Sandoval le dijo que había fallecido por un coma alcohólico. La preventora Silvana Evans también expresó que ella dejó de instruir la causa porque el comisario le dijo que se había comprobado que la muerte había sido por un coma alcohólico. Por lo menos hay dos personas que afirman que el comisario Sandoval fue el que dijo esto”. Amplía, señalando que el perito González confirmó que la muerte se debió "múltiples lesiones vitales, lo que produce la lesion cerebral que deriva en el paro cardiorrespiratorio”.

El juicio continúa el próximo lunes 15 a las ocho y treinta de la mañana con testimonios de médicos y amigos de Julián. La presencia de la comunidad y organizaciones sociales y políticas de la zona para seguir reforzando la solidaridad con la familia de Julián se hace imprescindible para que su asesinato no quede impune. Allí estaremos.

Caso Antillanca: Comisario reconoce falsificaciones de actas. Sexta audiencia

Por Iván Marín

Comisario inspector Román Macías



A las ocho y cuarenta y cinco de la mañana del día de la fecha comenzó la sexta audiencia del segundo juicio por el crimen de Julián en manos de la policía. La breve jornada contó la exposición de tan solo tres testigos, todos ellos personal policial, y una hora y media de debate aproximadamente.  

La audiencia abrió con el testimonio del comisario inspector Román Macías, quien se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico en el año 2010, cuando asesinaron a Julián. Macías calificó como habitual la falsificación de firmas en actas de la institución. Cuando la fiscal Mirta del Valle Moreno le hace saber que en la audiencia anterior el suboficial principal Santander desconoció una firma que aparece como suya y a continuación le consulta a Macías si certifica haber tenido el informe original a la vista, el comisario responde: “Sí, pero puede ser que le haya firmado algún empleado de orden. O sea, que no haya estado él y haya firmado. Pero el original estaba en el comando”.  Inmediatamente la fiscal le repregunta si es posible que se actúe un informe y lo firme otra persona, a lo que el policía contesta: “Sí. Por ahí pasa en la comisaría cuando el jefe no está, el certificado lo firma el segundo jefe, el que le seguiría”. Cabe señalar que familiares de los acusados presentes en el público de la sala asentaban dicha respuesta, reafirmando como algo habitual este tipo de prácticas.

Ni bien finalizó el testimonio de Macías, la fiscal Moreno pidió la palabra para hacer referencia a que en la declaración de ayer del suboficial principal Santander ya se presumía la probabilidad de un delito de acción pública, en este caso la falsificación. “Esa sospecha –dice la fiscal- evidentemente se ve corroborada en el día de hoy. Es más, cuando el mismo comisario Macías advierte que esta es una práctica regular de firmar informes con el nombre de otra persona, en donde sí da cuenta que efectivamente se trata de una falsificación de firma en un instrumento público. En virtud de ello es que voy advirtiendo la comisión de un delito de acción pública y voy a iniciar de oficio la investigación correspondiente, solicitando la extracción de la parte pertinente del acta de esta audiencia, el registro de audio del día de ayer respecto del suboficial Santander y la declaración brindada en el día de la fecha del comisario Macías, a los efectos de poder iniciar la investigación correspondiente en orden del delito de falsificación de documentos”.

Sobre el particular, Verónica Heredia, abogada querellante, señaló que “lo más relevante de la audiencia de hoy creo que fue el pedido que hizo el ministerio Público Fiscal de delito de acción pública respecto de la falsificación de documento público, que es el reconocimiento del propio personal policial que deja constancia que las actas que tienen los nombres de ellos, que certifican tener a la vista los originales, son falsas”. El juicio continuó con la declaración del comisario mayor Absalón Cruz, quien fuera segundo jefe de la Unidad Regional Trelew cuando asesinaron a Julián. Su testimonio versó sobre lo que en principio habrían sido los primeros acercamientos de Gabriela Bidera a la fuerza policial para negarles que ella fuera testigo del momento en que un patrullero arroja el cuerpo de Julián sobre el asfalto de la calle Patagonia. Recordemos que la testigo Jorgelina Domínguez afirma haber presenciado junto a Gabriela este hecho. Bidera, a su vez, es hija de un comisario.

Finalizó esta parte de la audiencia el testimonio de una policía que integra el Comando Radioeléctrico desde hace aproximadamente ocho años, y cuya memoria al parecer cayó en desgracia hace tiempo. A esta altura del juicio, ya podemos aconsejar como interesante tema de investigación o tesis doctoral de antropólogos, psiquiatras, psicólogos, físicos, químicos, veterinarios, o cualquier rama científica que estudie la psiquis humana en particular o animal en general, la falta memoria que sufren los uniformados novatos o de experiencia cuando un tema en particular puede llegar a afectar sus intereses.

La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta mañana por no contar la sala con las complejísimas tecnologías que se precisan para realizar las complejísimas comunicaciones vía Skype. En principio la mayoría de los testimonios de la próxima jornada se relacionarán con los aspectos científicos de la investigación. La convocatoria es en la sala cuarta del segundo piso en Tribunales a las ocho y media de la mañana. Allí estaremos.

 

 

Caso Antillanca: la desmemoria de paseo por la impunidad. Crónica de la quinta audiencia

Por Iván Marín



Carolina Tomelín en uno de sus tantos momentos invadida por la amnesia



Cerca de las nueve de la mañana comenzó la quinta audiencia del juicio por el crimen de Julián en manos de la policía. Para la jornada de ayer se había estipulado alrededor de una decena de testimonios, la mayoría de ellos policías, por lo que se preveía iba a transcurrir hasta el atardecer. Sin embargo, alrededor de las trece horas el Tribunal decidió pasar a cuarto intermedio hasta hoy argumentando que no podrían sostener la concentración en una doble jornada. Se desprende, por si queda alguna duda a esta altura, que el juicio tiene para rato.

Los siete testimonios del día de la fecha tuvieron como protagonistas a efectivos policiales que desempeñaban sus tareas en la Comisaría IV o en el Comando Radioeléctrico. En ellos sobrevoló insistentemente la obscena falta de memoria sobre los acontecimientos de la fatídica madrugada del 5 de septiembre de 2010. Desde cuestiones sencillas como por ejemplo la cantidad de cuadras existentes entre la citada Comisaría y la calle Patagonia, donde fue hallado el cuerpo de Julián, a otras más relevantes a los fines de la investigación, fueron respondidas con un contundente y abyecto “no recuerdo”.

La primera parte de la audiencia contó con tres testimonios antes de pasar a cuarto intermedio. El tercero de ellos fue protagonizado por la efectiva Carolina Tomelín. Este quizá fue el momento donde la reticencia del personal policial llegó al extremo mayor. Tomelín sin ruborizarse, y ante un comienzo algo titubeante, pero que con el correr de la declaración se hizo harto evidente que fue parte de una estrategia, no se cansó de responder una y otra vez ante distintas consultas de la fiscal y la querella con frases del siguiente tenor: “Lo que aparece en las actuaciones” o “me remito a lo que dice el acta, más que esto no recuerdo”. Estaba allí sentada como sin estar, aunque todos sabíamos que estaba, en particular cuando esa existencia patética se hacía presente en lo grotesco de sus ocultamientos.

Cuando parecía que su declaración había finalizado, fuimos protagonistas de una situación que pinta de lleno la impunidad con que los efectivos policiales se mueven, incluso en una sala penal. El comisario Carlos Sandoval, acusado de encubrimiento agravado por estar al frente de la Comisaría IV al momento del asesinato, le hacía señas a su abogado defensor Fabián Gabalachis para que le consulte a Tomelín quién era el preventor de la causa que se inició cuando apareció el cuerpo de Julián. La respuesta parece no haber satisfizo a la defensa ni a Sandoval, ya que inmediatamente Gabalachis, preguntó a la testigo, mientras recibía todo tipo de señas e indicaciones por parte del comisario, si recordaba a Sandoval como el susodicho preventor. Como no podía ser de otra manera, esto produjo la intervención de Verónica Heredia, abogada querellante, planteando la objeción a la pregunta ya que la consideraba indicativa por incluir en la misma el nombre de la persona, que, por cierto, era quien se había levantado segundos antes a indicarle que haga la pregunta. También, como no podía ser de otra manera, Adrián Barrios, presidente del Tribunal, no dio lugar a la objeción. Y, una vez más, como no podía ser de otra manera, Tomelín respondió “Por la importancia del hecho estimo que el comisario Sandoval”, que era en definitiva lo que se buscaba, por si hace falta aclarar. Sandoval, sentado un metro a espaldas de la testigo, se inclina acercándose y le dice casi al oído, pero en voz alta y cuasi seductora, “muchas gracias”. (Sic, mil veces sic).

THE BIZARRO MOMENT

A esta altura la incapacidad de asombro lamentablemente corre menos suerte que la credibilidad del Indek. Lo que no imposibilita un esfuerzo por superarse día a día. Así fue como luego de un cuarto intermedio de quince minutos, toma la palabra vía Skype un efectivo policial que se encontraba en ese momento en Buenos Aires. Más allá del contenido de las declaraciones, que como se puede imaginar el lector, no aportaron ningún dato relevante, más allá de la cínica amnesia similar a los anteriores casos, lo que no dejó de llamar la atención de todos los presentes fue el rudimentario equipo para efectuar la comunicación. Las anteriores audiencias contaron con la ausencia de un sistema de sonido más o menos potable, sin embargo lo de ayer ya raya la ridiculez extrema y deja al descubierto no solo la falta de presupuesto para una tecnología más o menos actualizada a los tiempos que corren, sino la pésima predisposición de los encargados para que este importante y fundamental juicio se desarrolle en condiciones aptas. Como se puede observar en la foto, no se contó con un equipo de micrófono en los escritorios de los abogados, por lo que se tenían que acercar y demostrar un estado atlético de envidia para algunos, al permanecer agachados durante el tiempo que demandaba el interrogatorio, para poder dar con el micrófono de la notebook.

El codefensor Gustavo Castro interrogando vía Skype



En estas condiciones no deja de ser motivo de admiración y reconocimiento la furiosa templanza de Sandra y César, padres de Julián, que durante cinco años vienen luchando para que este caso no quede impune, soportando situaciones aberrantes tales como el cinismo de quienes encubren a los asesinos. Este es el aparato represivo del Estado que no solo asesinó a Julián, sino que se lleva un pibe de este mundo cada treinta horas, la mayoría de ellos de las clases y barriadas populares. Aparato represivo que es inmodificable, ya que su función es bien concreta: reprimir, espiar y disciplinar a todo aquel que ose organizarse o presente algún escollo para los intereses de las clases dominantes. Un ejemplo de ello es la propia Carolina Tomelín, quien en la audiencia de ayer comunicó que desde el 2011 se desempeña como instructora de cadetes en el Instituto Superior 811. No es un policía, es toda la institución. Por eso, una vez más, hoy jueves tenemos una cita ineludible a las ocho y media de la mañana para seguir acompañando la lucha de la familia de Julián para que su asesinato no quede impune. Allí estaremos.

Caso Antillanca: del encubrimiento a la victimización

Por Iván Marín

 

Gabriela Bidera



 

La cuarta audiencia del segundo juicio por el crimen de Julián Antillanca en manos de la policía volvió a caracterizarse por las interrupciones de la Defensa y extensos cuartos intermedio a los que nos tiene acostumbrado el Tribunal para resolver situaciones que se presentan en las mismas.

 

En el caso particular de la jornada de hoy, que comenzó con más de una hora de retraso tras haberse suspendido ayer por la ausencia de Gabriela Bidera, acusada de encubrimiento agravado, María Laura Martensen, su abogada defensora, solicitó la suspensión del juicio a prueba argumentando que su defendida dice encontrarse “desgastada, estresada, no tiene trabajo”, y demás situaciones de índole personal. La fiscal Mirta del Valle Moreno no dudó un instante en sumarse al pedido de Martensen. Esto derivó en que el Tribunal compuesto por los jueces Darío Arguiano, Marcelo Nieto Di Biase y Adrián Barrios dispusieran de un cuarto intermedio de aproximadamente tres horas, para volver a iniciar el debate a las tres de la tarde.

 

Sobre el particular la abogada de la familia de Julián, Verónica Heredia, señaló que si bien la “opinión de la querella no es vinculante, no coincidimos con el ministerio Público Fiscal que rápidamente aceptó esta petición”. Respaldó su posicionamiento afirmando que el delito por el cual se acusa a Bidera es agravado por involucrar a funcionarios públicos, en este caso policías. Por lo cual no cabría la solicitud de la defensa. Recordemos que Bidera es hija de un excomisario de Trelew.

 

La suspensión de juicio a prueba implica que dejaría de caer la acusación sobre la persona imputada luego de un tiempo estipulado por el Tribunal en el cual la persona involucrada debería realizar trabajo comunitario. En este caso la fiscal solicitó un período de dos años y sesenta horas de trabajo comunitario en la ciudad de Puerto Madryn. Transcurrido este plazo se caería la causa que pesa sobre Bidera.

 

Obviamente, esta situación despertó la indignación de la familia de Julián, aunque no generó sorpresa en su abogada. Heredia dijo que “en realidad el ministerio Público Fiscal trabaja permanentemente con la policía y tal como se estableció en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo cierto es que los abusos policiales se dan con connivencia o desconocimiento de esta institución”. Agregó que “la fiscal directamente ni habla con nosotros, a tal punto que nos tendría que haber informado que iba a dar este consentimiento a una suspensión de juicio a prueba a una de las imputadas y no lo hizo. En realidad, nosotros estamos denunciando violencia institucional, y el ministerio Público Fiscal forma parte de esa institución que nosotros denunciamos. Es coherente que la fiscal no quiera hablar con nosotros”.

 

Finalmente el Tribunal dio lugar al pedido de la Defensa y la fiscal. Luego se inició el debate que duró aproximadamente dos horas y media. Allí prestaron testimonio cuatro de los ocho testigos estipulados para el día de la fecha, la gran mayoría de ellos policías. En este sentido Heredia advirtió que desde “el lunes primero de junio hasta hoy 9 han pasado solamente seis horas de audiencia, a pesar que el artículo 3 del código procesal habla de celeridad, concentración, simplificación. Todo esto no se cumple. Empezó el primero, fue casi una hora, pasó a receso por tres días, luego hubo dos horas nada más de debate, se pasó a ayer, estuvimos en concreto una hora o menos. Y hoy estuvimos tres horas”. Además denunció una previsible poca voluntad de los policías para declarar, en general recurriendo a falta de memoria sobre los hechos ocurridos.

 

Mañana miércoles a las ocho de la mañana continúa el juicio. La abogada querellante anticipó que “tendrían que venir los nueve testigos que no vinieron ayer, más los que tendrían que haber declarado hoy y otros nueve que tenía previsto para mañana”.

Continúa dilatándose el juicio por Julián Antillanca

Por Iván Marín

 

 



La Defensa de los policías acusados de asesinato y de los acusados por falso testimonio

 

Por la ausencia de Gabriela Bidera, acusada por falso testimonio en el primer juicio de la causa por el asesinato de Julián Antillanca en manos de la policía, la jornada de ayer se vio interrumpida con tres extensos cuartos intermedios, el último derivó en la suspensión de la audiencia, que se continuará hoy a las once horas.

 

María Laura Martensen, abogada por la defensa pública que representa a Bidera, señaló que su defendida “ayer se comunicó diciéndome que se encontraba enferma, con un cuadro de gastroenteritis”. A lo que el Tribunal llama la atención por no haber presentado certificado médico y dispone cuarto intermedio de una hora para que la acusada lo envíe por fax, ya que reside en Puerto Madryn

Pasadas las diez de la mañana se reinicia la audiencia con la lectura del certificado médico, que sin embargo no detalla la dolencia concreta de la imputada. El Tribunal da lugar al pedido de la querella para que se haga uso de la fuerza pública para traer a la acusada o en su defecto que especifique a qué dolencia concreta se debe el motivo de su ausencia. Se dispone de un nuevo cuarto intermedio, esta vez de dos horas.

Al comenzar por tercera vez la audiencia el Tribunal hace lectura del certificado médico expedido por el cuerpo médico forense de Puerto Madryn, que expresa que Bidera padece “un cuadro de recuperación de gastroenteritis que imposibilita para el día de hoy la presencia en el debate del caso Antillanca”. El juicio en principio debería continuar hoy a las once horas, pero teniendo en cuenta el paro nacional convocado por distintas centrales sindicales y al que se plegaron decenas de comisiones internas antiburocráticas y cuerpos de delegados combativos, es probable que la defensa intente ingeniárselas una vez más para seguir postergando los debates.

Cabe señalar el trato discriminatorio del personal de seguridad a cargo de las distintas audiencias de este juicio para con los familiares, amigos, estudiantes, organizaciones sociales e integrantes de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut a quienes solo dejan pasar a la sala con DNI en mano. Sin embargo no ocurre lo mismo con los familiares de los acusados.

 

 

Continúa el juicio por el crimen de Julián Antillanca

Por Iván Marín

En el día de ayer el tribunal compuesto por los jueces Darío Arguiano, Marcelo Nieto Di Biase y Adrián Barrios resolvió por unanimidad no dar lugar al pedido de la defensa de los acusados del asesinato de Julián de suspender al juicio. Sin embargo, la defensa en otro intento de dilatar el desarrollo del juicio volvió a impugnar esta resolución. Los jueces pasaron a cuarto intermedio de veinte minutos donde decidieron nuevamente por unanimidad no dar lugar al pedido y advirtieron a la defensa sobre sus intentos de entorpecer el normal desarrollo del juicio.

Luego la querella a cargo de Verónica Heredia planteó la necesidad de que se califique como “causa compleja” el juicio. El Tribunal responde que no es su incumbencia, y la fiscal Mirta del Valle Moreno dijo que nunca fue notificada de tal pedido. Nuevamente se pasa a cuarto intermedio, y finalmente el Tribunal no da lugar al pedido.

Comienza la exposición de cada una de las partes. La fiscal Moreno empieza señalando la vinculación entre la causa Antillanca y la causa Aballay, ya que ambas ocurrieron la misma noche y tuvieron como protagonistas efectivos policiales golpeando a jóvenes. La fiscal detalla los fundamentos por los cuales acusa de homicidio calificado a los policías Jorge Abraham, Laura Córdoba,  Martín Solís y Paula Morales. Luego señala la responsabilidad del comisario Carlos Sandoval, a quien acusa de encubrimiento agravado de homicidio calificado por su intento de hacer desaparecer pruebas, no informar a su superiores de la muerte de Julián y difundir un informe incierto donde se señalaba que la muerte del joven se había producido por intoxicación alcohólica. La fiscal acusa también de encubrimiento agravado a Gabriela Bidera.

Verónica Heredia adhiere a la acusación del ministerio Público Fiscal. La defensa de los acusados anticiparon que intentarán demostrar a los largo del juicio que no hay indicios suficientes para condenar a sus defendidos, que pondrían en duda los testimonios de dichos de testigos como  por ejemplo Jorgelina Domínguez, y que por ello pedirán la absolución de todos los acusados. La abogada de Bidera por la defensoría pública se manifestó en un sentido similar a la defensa. Luego de las exposiciones la fiscal pidió cuarto intermedio hasta el lunes fundamentándose en que no podría garantizar la presencia de sus testigos en el día de la fecha u hoy viernes. Heredia respondió que ya se encontraban en Tribunales tres testigos, y que en todo caso correspondería que presten testimonios y después hacer lugar al cuarto intermedio. No hubo objeciones, aunque la defensa pidió nuevamente pasar a cuarto intermedio para discutir si los acusados también hacían uso de la palabra.

La primera testigo en prestar declaración fue Rocío Juncos, vecina del barrio UPCN. Ella fue una de las primeras que vio el cuerpo de Julián, aunque el valor de su testimonio está en ser la que comunicó al 101 sobre la ubicación del cuerpo del joven. Luego dieron testimonio Sandra Tolosa y César Antillanca, padres de Julián. César se refirió a las primeras horas en que se entera del asesinato de su hija. Por su parte Sandra, según se señala en la cuenta de facebook “Trelewcontra Laimpunidad” de la Comisión contra la impunidad y por la justicia en Chubut, señaló que el actual precandidato a intendente Adrián Maderna le habría dicho a pocos días del asesinato de Julián que su ahijada vio cuando policías lo golpearon. En este mismo sentido adelanta este sitio que Maderna será convocado a declarar como testigo en la causa. El lunes 8 a la mañana será la próxima audiencia. 

El “ratiperiodismo” y el juicio por el crimen de Julián Antillanca

Por Iván Marín

En este artículo analizamos la complicidad de los medios de comunicación en los distintos casos de impunidad policial en Trelew y toda la provincia. Para ello tomamos la cobertura que realizaron de la primera jornada del juicio por al crimen de Julián Antillanca.

La primera audiencia del segundo juicio por elcrimen de Julián Antillanca en manos de la policía chubutense no empezó de la manera esperada por los familiares, abogados y organizaciones que luchan contra la impunidad de este caso. La defensa de los acusados logró un primer triunfo táctico al hacer que los jueces se tomen tres días para resolver el pedido de nulidad del juicio. Como no podía ser de otra manera, los principales medios de comunicación de la zona salieron a cubrir esta primera jornada posicionándose indisimuladamente en uno de los bandos contrincantes: el de la policía y el Estado provincial, es decir, en el bando de la impunidad.

Diario Jornada lo hizo en una extensa nota que se caracteriza por reducir la cuestión al plano jurídico, es decir a lo que pasó estrictamente en la audiencia, escindiendo casi por completo el problema político de fondo. Si bien hay un recuadro en la edición en papel donde se menciona declaraciones de la abogada Verónica Heredia denunciando la impunidad en este y otros casos, la impresión que queda a simple vista para cualquier lector es que es una causa judicial más, con algunos detalles que le pueden dar cierta peculiaridad, como el hecho de que el Superior Tribunal de Justicia dispusiera la realización de un nuevo juicio.

Para el caso de la cobertura de diario ElChubut, la cosa toma ribetes canallescos: la misma se basa exclusivamente en la opinión del abogado de la defensa Fabián Gabalachis. Es decir, para este medio poco importó el sufrimiento de una familia que viene luchando hace cincos años por esclarecer el asesinato de su hijo y que la causa no quede impune. En toda la nota no hay una sola referencia al posicionamiento de la querella o declaraciones de los familiares.

En ambos casos el deshilachado ropaje de la supuesta neutralidad periodística lo que esconde en realidad es una parcialidad más o menos velada según el caso. Esta supuesta objetividad está muy lejos de aquello que ya Aristóteles definía como concepto de “verdad” varios siglos antes de Cristo: decir de lo que es, es; y decir de lo que no es, no es. Neutralidad y objetividad no solo no se corresponden en el periodismo, sino que tampoco se complementan: la toma de posición es un requisito harto necesario frente a las injusticias de este mundo.

Desde ya, no hace falta leer a Aristóteles para inferir que el compromiso con la verdad es el primer requisito que debe tener todo periodista, como tampoco hace falta leer a Karl Marx para saber que lo que prima en los medios de comunicación no es el tan trillado chamuyo de la libertad de prensa, sino por el contrario: la libertad de empresa. Todo trabajador de prensa tiene que nadar en este difícil océano donde las profundas aguas de los intereses de clase de las empresas, el Estado capitalista y los distintos gobiernos de turno hacen que su compromiso con la verdad se asemeje al nado a contracorriente del salmón.

Así llegamos a que las empresas de comunicación estén tan interesadas como el Estado en sostener ciertas instituciones fundamentales que son las encargadas de velar por sus intereses. El aparato represivo es quizá uno de los más importantes. De ahí la existencia en la prensa burguesa de esa sección apologética del mismo que no puede faltar en ningún medio de comunicación de dicha clase: los policiales, que no son otra cosa que la voz de la policía en los diarios y demás servicios informativos. El “ratiperiodismo” es el encargado de ensalzar la función de estas fuerzas día a día en los distintos operativos, es también el encargado de encubrir todos sus lazos descompuestos con el crimen organizado, como la trata de personas, el narcotráfico o los desarmaderos de autos, por citar algunos. Poco puede sorprender entonces que sean ellos los portavoces fundamentales ante la sociedad de la exigencia de mano dura ante lo que suelen denominar el “flagelo de la inseguridad”. Nos quieren hacer creen de la necesidad de los policías no para cuidar sus intereses, sino para cuidarnos a todos.

Por ello, más allá de los imprescindibles Gabalachis que precisan estas fuerzas represivas cuando son juzgadas por su accionar contra el pueblo, sus principales defensores quizás sean los propios medios de comunicación. Y allí, a pesar de toda la parafernalia de tinta gastada en discursitos sobre la objetividad que los distintos medios dicen defender, lo que prima es exactamente lo contrario. Citando al ya citado Marx, podemos decir que: “El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento (…)” Y es en la práctica donde estos medios de comunicación con sus “ratiperiodistas” demuestran los intereses que defienden.

La impunidad con que se manejan las fuerzas policiales en nuestra provincia es conocida nacional e internacionalmente: al crimen de Julián Antillanca, se le suman violaciones y torturas recurrentes en la mayoría de las comisarías, desapariciones de personas como Iván Torres, caso por el cual el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los crímenes lamentablemente se apilan de a montones. Sin embargo, el pueblo con la movilización ha dado sobrada muestra que no dejará pasar los casos sin luchar, a pesar de que el Estado, los gobiernos de turnos, los distintos partidos políticos patronales y las empresas de comunicación se empeñen de estar del lado de la impunidad. Solo la presión popular puede lograr combatir estas injusticias. El jueves a la mañana tenemos una cita a la que no podemos faltar para acompañar a la familiar de Julián Antillanca. Volveremos a estar ahí.