Continúa dilatándose el juicio por Julián Antillanca

Por Iván Marín

 

 



La Defensa de los policías acusados de asesinato y de los acusados por falso testimonio

 

Por la ausencia de Gabriela Bidera, acusada por falso testimonio en el primer juicio de la causa por el asesinato de Julián Antillanca en manos de la policía, la jornada de ayer se vio interrumpida con tres extensos cuartos intermedios, el último derivó en la suspensión de la audiencia, que se continuará hoy a las once horas.

 

María Laura Martensen, abogada por la defensa pública que representa a Bidera, señaló que su defendida “ayer se comunicó diciéndome que se encontraba enferma, con un cuadro de gastroenteritis”. A lo que el Tribunal llama la atención por no haber presentado certificado médico y dispone cuarto intermedio de una hora para que la acusada lo envíe por fax, ya que reside en Puerto Madryn

Pasadas las diez de la mañana se reinicia la audiencia con la lectura del certificado médico, que sin embargo no detalla la dolencia concreta de la imputada. El Tribunal da lugar al pedido de la querella para que se haga uso de la fuerza pública para traer a la acusada o en su defecto que especifique a qué dolencia concreta se debe el motivo de su ausencia. Se dispone de un nuevo cuarto intermedio, esta vez de dos horas.

Al comenzar por tercera vez la audiencia el Tribunal hace lectura del certificado médico expedido por el cuerpo médico forense de Puerto Madryn, que expresa que Bidera padece “un cuadro de recuperación de gastroenteritis que imposibilita para el día de hoy la presencia en el debate del caso Antillanca”. El juicio en principio debería continuar hoy a las once horas, pero teniendo en cuenta el paro nacional convocado por distintas centrales sindicales y al que se plegaron decenas de comisiones internas antiburocráticas y cuerpos de delegados combativos, es probable que la defensa intente ingeniárselas una vez más para seguir postergando los debates.

Cabe señalar el trato discriminatorio del personal de seguridad a cargo de las distintas audiencias de este juicio para con los familiares, amigos, estudiantes, organizaciones sociales e integrantes de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut a quienes solo dejan pasar a la sala con DNI en mano. Sin embargo no ocurre lo mismo con los familiares de los acusados.

 

 

Continúa el juicio por el crimen de Julián Antillanca

Por Iván Marín

En el día de ayer el tribunal compuesto por los jueces Darío Arguiano, Marcelo Nieto Di Biase y Adrián Barrios resolvió por unanimidad no dar lugar al pedido de la defensa de los acusados del asesinato de Julián de suspender al juicio. Sin embargo, la defensa en otro intento de dilatar el desarrollo del juicio volvió a impugnar esta resolución. Los jueces pasaron a cuarto intermedio de veinte minutos donde decidieron nuevamente por unanimidad no dar lugar al pedido y advirtieron a la defensa sobre sus intentos de entorpecer el normal desarrollo del juicio.

Luego la querella a cargo de Verónica Heredia planteó la necesidad de que se califique como “causa compleja” el juicio. El Tribunal responde que no es su incumbencia, y la fiscal Mirta del Valle Moreno dijo que nunca fue notificada de tal pedido. Nuevamente se pasa a cuarto intermedio, y finalmente el Tribunal no da lugar al pedido.

Comienza la exposición de cada una de las partes. La fiscal Moreno empieza señalando la vinculación entre la causa Antillanca y la causa Aballay, ya que ambas ocurrieron la misma noche y tuvieron como protagonistas efectivos policiales golpeando a jóvenes. La fiscal detalla los fundamentos por los cuales acusa de homicidio calificado a los policías Jorge Abraham, Laura Córdoba,  Martín Solís y Paula Morales. Luego señala la responsabilidad del comisario Carlos Sandoval, a quien acusa de encubrimiento agravado de homicidio calificado por su intento de hacer desaparecer pruebas, no informar a su superiores de la muerte de Julián y difundir un informe incierto donde se señalaba que la muerte del joven se había producido por intoxicación alcohólica. La fiscal acusa también de encubrimiento agravado a Gabriela Bidera.

Verónica Heredia adhiere a la acusación del ministerio Público Fiscal. La defensa de los acusados anticiparon que intentarán demostrar a los largo del juicio que no hay indicios suficientes para condenar a sus defendidos, que pondrían en duda los testimonios de dichos de testigos como  por ejemplo Jorgelina Domínguez, y que por ello pedirán la absolución de todos los acusados. La abogada de Bidera por la defensoría pública se manifestó en un sentido similar a la defensa. Luego de las exposiciones la fiscal pidió cuarto intermedio hasta el lunes fundamentándose en que no podría garantizar la presencia de sus testigos en el día de la fecha u hoy viernes. Heredia respondió que ya se encontraban en Tribunales tres testigos, y que en todo caso correspondería que presten testimonios y después hacer lugar al cuarto intermedio. No hubo objeciones, aunque la defensa pidió nuevamente pasar a cuarto intermedio para discutir si los acusados también hacían uso de la palabra.

La primera testigo en prestar declaración fue Rocío Juncos, vecina del barrio UPCN. Ella fue una de las primeras que vio el cuerpo de Julián, aunque el valor de su testimonio está en ser la que comunicó al 101 sobre la ubicación del cuerpo del joven. Luego dieron testimonio Sandra Tolosa y César Antillanca, padres de Julián. César se refirió a las primeras horas en que se entera del asesinato de su hija. Por su parte Sandra, según se señala en la cuenta de facebook “Trelewcontra Laimpunidad” de la Comisión contra la impunidad y por la justicia en Chubut, señaló que el actual precandidato a intendente Adrián Maderna le habría dicho a pocos días del asesinato de Julián que su ahijada vio cuando policías lo golpearon. En este mismo sentido adelanta este sitio que Maderna será convocado a declarar como testigo en la causa. El lunes 8 a la mañana será la próxima audiencia. 

El “ratiperiodismo” y el juicio por el crimen de Julián Antillanca

Por Iván Marín

En este artículo analizamos la complicidad de los medios de comunicación en los distintos casos de impunidad policial en Trelew y toda la provincia. Para ello tomamos la cobertura que realizaron de la primera jornada del juicio por al crimen de Julián Antillanca.

La primera audiencia del segundo juicio por elcrimen de Julián Antillanca en manos de la policía chubutense no empezó de la manera esperada por los familiares, abogados y organizaciones que luchan contra la impunidad de este caso. La defensa de los acusados logró un primer triunfo táctico al hacer que los jueces se tomen tres días para resolver el pedido de nulidad del juicio. Como no podía ser de otra manera, los principales medios de comunicación de la zona salieron a cubrir esta primera jornada posicionándose indisimuladamente en uno de los bandos contrincantes: el de la policía y el Estado provincial, es decir, en el bando de la impunidad.

Diario Jornada lo hizo en una extensa nota que se caracteriza por reducir la cuestión al plano jurídico, es decir a lo que pasó estrictamente en la audiencia, escindiendo casi por completo el problema político de fondo. Si bien hay un recuadro en la edición en papel donde se menciona declaraciones de la abogada Verónica Heredia denunciando la impunidad en este y otros casos, la impresión que queda a simple vista para cualquier lector es que es una causa judicial más, con algunos detalles que le pueden dar cierta peculiaridad, como el hecho de que el Superior Tribunal de Justicia dispusiera la realización de un nuevo juicio.

Para el caso de la cobertura de diario ElChubut, la cosa toma ribetes canallescos: la misma se basa exclusivamente en la opinión del abogado de la defensa Fabián Gabalachis. Es decir, para este medio poco importó el sufrimiento de una familia que viene luchando hace cincos años por esclarecer el asesinato de su hijo y que la causa no quede impune. En toda la nota no hay una sola referencia al posicionamiento de la querella o declaraciones de los familiares.

En ambos casos el deshilachado ropaje de la supuesta neutralidad periodística lo que esconde en realidad es una parcialidad más o menos velada según el caso. Esta supuesta objetividad está muy lejos de aquello que ya Aristóteles definía como concepto de “verdad” varios siglos antes de Cristo: decir de lo que es, es; y decir de lo que no es, no es. Neutralidad y objetividad no solo no se corresponden en el periodismo, sino que tampoco se complementan: la toma de posición es un requisito harto necesario frente a las injusticias de este mundo.

Desde ya, no hace falta leer a Aristóteles para inferir que el compromiso con la verdad es el primer requisito que debe tener todo periodista, como tampoco hace falta leer a Karl Marx para saber que lo que prima en los medios de comunicación no es el tan trillado chamuyo de la libertad de prensa, sino por el contrario: la libertad de empresa. Todo trabajador de prensa tiene que nadar en este difícil océano donde las profundas aguas de los intereses de clase de las empresas, el Estado capitalista y los distintos gobiernos de turno hacen que su compromiso con la verdad se asemeje al nado a contracorriente del salmón.

Así llegamos a que las empresas de comunicación estén tan interesadas como el Estado en sostener ciertas instituciones fundamentales que son las encargadas de velar por sus intereses. El aparato represivo es quizá uno de los más importantes. De ahí la existencia en la prensa burguesa de esa sección apologética del mismo que no puede faltar en ningún medio de comunicación de dicha clase: los policiales, que no son otra cosa que la voz de la policía en los diarios y demás servicios informativos. El “ratiperiodismo” es el encargado de ensalzar la función de estas fuerzas día a día en los distintos operativos, es también el encargado de encubrir todos sus lazos descompuestos con el crimen organizado, como la trata de personas, el narcotráfico o los desarmaderos de autos, por citar algunos. Poco puede sorprender entonces que sean ellos los portavoces fundamentales ante la sociedad de la exigencia de mano dura ante lo que suelen denominar el “flagelo de la inseguridad”. Nos quieren hacer creen de la necesidad de los policías no para cuidar sus intereses, sino para cuidarnos a todos.

Por ello, más allá de los imprescindibles Gabalachis que precisan estas fuerzas represivas cuando son juzgadas por su accionar contra el pueblo, sus principales defensores quizás sean los propios medios de comunicación. Y allí, a pesar de toda la parafernalia de tinta gastada en discursitos sobre la objetividad que los distintos medios dicen defender, lo que prima es exactamente lo contrario. Citando al ya citado Marx, podemos decir que: “El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento (…)” Y es en la práctica donde estos medios de comunicación con sus “ratiperiodistas” demuestran los intereses que defienden.

La impunidad con que se manejan las fuerzas policiales en nuestra provincia es conocida nacional e internacionalmente: al crimen de Julián Antillanca, se le suman violaciones y torturas recurrentes en la mayoría de las comisarías, desapariciones de personas como Iván Torres, caso por el cual el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los crímenes lamentablemente se apilan de a montones. Sin embargo, el pueblo con la movilización ha dado sobrada muestra que no dejará pasar los casos sin luchar, a pesar de que el Estado, los gobiernos de turnos, los distintos partidos políticos patronales y las empresas de comunicación se empeñen de estar del lado de la impunidad. Solo la presión popular puede lograr combatir estas injusticias. El jueves a la mañana tenemos una cita a la que no podemos faltar para acompañar a la familiar de Julián Antillanca. Volveremos a estar ahí.

A 4 años del asesinato de Julián Antillanca en manos de la policía

 

Por Iván Marín, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

 



A escasas horas de haberse cumplido cuatro años del asesinato de Julián Antillanca en manos de efectivos policiales de la Comisaría IV de Trelew, nos hemos comunicado, como tantas otras veces, con César, su padre, para que nos detalle cómo está la causa. En este sentido, nos dijo que la semana pasada la “Corte Suprema de Justicia de la Nación, convalidó el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que tiene ya un año y medio”.  Dicho fallo hacía lugar al pedido de César y los familiares de Julián para que vuelva a realizarse el juicio. Recordemos que la defensa de los acusados había elevado una queja al respecto a la Corte Suprema, que fue rechazada, por lo que ya no quedan instancias de apelación.

Antillanca nos adelanta que “creo que la conformación del tribunal va a llevar un par de meses, y estimo que a fines de noviembre o diciembre se va a dar el debate”. También nos dijo que “se mantienen los acusados y calificación de imputación. Son tres suboficiales de la Cuarta y uno del comando radioeléctrico. Están todos en funciones, aunque fueron condenados en el caso Aballay, por lo que no debieran estar trabajando”.

La causa de Julián Antillanca se convirtió en un emblema de la lucha contra la represión policial e institucional en la zona. Desde ya, la posibilidad de este nuevo juicio a los policías asesinos que quedaron absueltos en la primera oportunidad, es un triunfo de la movilización y la lucha. César nos dice al respecto, que esa fue la intención “no solamente de los familiares de Julián y los amigos, sino todas las organizaciones sociales y los movimientos políticos de izquierda que están pidiendo justicia en estos cuatro años”. Hoy se realizarán recordatorios en distintos lugares de la ciudad, como en los barrios “Mil Viviendas, Don Bosco, Etchepare y en la Rotonda 5 de Octubre, organizado por la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut”.

JULIÁN ANTILLANCA: PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!!!

Puerto Madryn: quieren condenar a luchadores por pintadas antimineras

Por Iván Marín, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

"En el Día de la Tierra criminalizados por defenderla"

En el día de ayer se realizó en la Sala 2° de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, la audiencia preliminar, en la causa que se le abrió a cinco compañeros y compañeras militantes por el “No a la mina en Chubut”. Todos son integrantes del Foro Social y Ambiental de la Patagonia. Los acusados son: Andrés Mangaroni, Romina Krebbs, Noelia Nicolás, Jimena Ibarra y Gastón Losardo. Entiende en la causa la jueza Patricia Reyes[1].

A la salida de la audiencia entrevistamos a Gastón, quien nos detalló los hechos por los cuales se los acusa: “expresaban el repudio a la megaminería y hacían expresión de la corrupción de los políticos. Se nos abrió una causa penal en clara persecución política por la lucha”. Eduardo Hulapa, uno de los abogados defensores, amplió diciendo que “lo que pasó es que la fiscalía insistió con una solución negociada, cerrar la causa y que acá no pasó nada. Nuestra posición era no aceptar eso. Intentan asustar a quienes quieren reclamar algo, porque castigar por grafitis es una forma de limitar la posibilidad de expresarse”. En este sentido, Gastón, ratificó con firmeza que, “hemos resuelto en conjunto con las demás asambleas de la región que no hay nada que disculpar ni ocultar, que en todo caso estamos amparados por derechos y por la historia que estamos viviendo, siempre defendiendo el agua y la tierra”.

La jueza Reyes tiene tres días para expedirse sobre el sobreseimiento de los compañeros o resolver si se va finalmente a juicio. Otra de las discusiones que atravesó esta audiencia preliminar fue la propuesta de la defensa, ante la eventualidad de ir a juicio y el planteo de la fiscalía de que el mismo se efectúe a cargo de un juez unipersonal, a que el mismo se realice bajo la modalidad de jurados. Hualpa justificó esta estrategia porque “la constitución establece que para los delitos de libertad de expresión corresponde un jurado. El jurado es gente del pueblo, resuelve con sentido común”. Ante la consulta sobre posibles experiencias anteriores con esta modalidad, respondió que “de aceptarlo sería la primera vez que se hace un juicio oral, desde 1957 que la constitución dice eso y nunca se ha hecho”. Finalizó advirtiendo que “planteamos que sería inconstitucional no proveer al juicio de un jurado. Las penas son máximas de dos años”.

El avance de la criminalización de la protesta social se puede sentir a lo largo y ancho del país, con más de 5000 procesados por luchar, represiones a distintos reclamos ambientales o de trabajadores, como el caso de Lear, y que tiene como máxima ejemplificación la condena a cadena perpetua a petroleros de Las Heras. La justicia muestra todos sus dientes de clase frente a luchadores que se levantan para pelear por su derechos, como el caso de estos compañeros a quienes se acusa por realizar meros grafitis en el espacio público, mientras las empresas multinacionales se la llevan con pala, echan a sus trabajadores cuando quieren y tienen a las fuerzas represivas del estado a su servicio cuando las necesitan.

---

[1] Desde el blog filmamos la audiencia por completo. En breve la compartiremos en la web.

Las Heras: crónica de persecuciones anunciadas. Declaraciones desde la cárcel de Martín Oñate

Por Iván Marín, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

Martín "Cuellito" Oñate

La localidad santacruceña de Las Heras ha sido durante los años del kirchnerismo en el poder nacional “un foco de referencia para querer ejemplificar la lucha obrera”. Esta lúcida y certera reflexión que nos dejara Martín “Cuellito” Oñate, en las declaraciones exclusivas realizadas en el día de ayer vía telefónica, desde la penitenciaria de máxima seguridad de Pico Truncado, -donde se encuentra detenido por luchar por mejores condiciones laborales-, que presentamos a continuación deben contextualizarse en el marco de una escalada contra los trabajadores y sectores populares por parte del gobierno nacional en los últimos años, que incluye entre otras: Ley Antiterrorista, Proyecto X de Gendarmería, más de 6000 procesados por luchar, condena a perpetua a trabajadores de Las Heras y ahora el envío de la Ley Antipiquetes al Congreso de la Nación.

Las Heras ha sido quizá el "laboratorio" paradigmático donde los K, en plena efervescencia de su política de doble discurso de derechos humanos, han ido ensayando distintos métodos de persecución y criminalización de la protesta social: militarización vía gendarmería y fuerzas policiales de la ciudad; detenciones en masa; tortura y vejaciones a los detenidos; infiltraciones a distintas luchas de la zona; amenazas y despidos a luchadores y familiares de los mismos. Todo ello en un pequeño pueblo cuya principal característica es ser una fuente millonaria de extracción de hidrocarburos, que se encuentran en manos de multinacionales, y donde la tradición de lucha de sus trabajadores pareciera ser una marca registrada. El proceso de fines de 2005 y comienzos de 2006, donde los trabajadores se levantaron contra el impuesto a las ganancias y la tercerización laboral, que terminara con la detención de uno de sus referentes y la posterior pueblada para su liberación, en donde perdiese la vida el oficial Sayago y por el cual han sido condenados injustamente cuatro trabajadores a cadena perpetua en diciembre pasado; la lucha de los docentes por salario digno y mejores condiciones laborales en 2011, que fuera ferozmente condenada en varias oportunidades por Cristina Fernández de Kirchner y por la cual en la actualidad hay 41 personas procesadas, 35 docentes y 6 padres de alumnos que acompañaban la protesta; la gran lucha petrolera de 2011 que terminó echando a la burocracia que dirigía el sindicato, y en la cual hubo trabajadores detenidos, entre ellos Víctor “Picante” Oñate, hermano de “Cuellito”, son algunos de los ejemplos más emblemáticos.

Respecto al caso que nos ocupa en este artículo, Martín Oñate nos introduce en tema diciendo que “estoy detenido en la penitenciaria de máxima seguridad en Pico Truncado. Me encuentro privado de mi libertad hace dos meses por un reclamo salarial de la empresa BACSSA. Nos han detenido a cinco personas, de las cuales dos somos miembros del sindicato petrolero, el otro es delegado y dos compañeros trabajadores. Hay dos que salieron en libertad. Estamos denunciados por coacción agravada, entorpecimiento de la producción vía terrestre y también violación al domicilio. Lo cual esas tres denuncias son falsas. Nosotros hicimos una retención de servicio, más que nada fue una vigilia al costado de la empresa. El portón siempre estuvo abierto, nunca se le impidió el paso a nadie. Parece una maniobra medio política porque la empresa debe ser de algún funcionario. El sábado nos hacen la denuncia y el domingo ya estábamos detenidos”. Amplía que las causas del reclamo que realizaban en la ocasión era por el cobro en los ítems de “desarraigo de cuatro personas de Río Gallegos que estaban trabajando en Las Heras, que son aproximadamente 800 km, y dos personas de Truncado”, y –continúa- “personal de las Heras que reclamaba su categoría. Y, a su vez, un compañero –justamente era su hermano, que volvía por primera vez a trabajar en el sector luego de haber estado detenido, como dijimos más arriba- que estuvo cuatro días trabajando y lo echaron injustamente. Se hicieron las presentaciones en el ministerio de trabajo correspondiente, nunca se dictó una conciliación obligatoria. Y después de cuatro días de retención de servicios la empresa nos hace la denuncia”. Los detienen el 23 de febrero. Como se sabe, en Santa Cruz las distancias entre las poblaciones suelen ser importantes, y es la defensa de estas conquistas mencionadas por las que los petroleros se levantaron en su defensa. En este sentido Oñate denuncia que trabajadores provenientes de otras localidades debían “dormir en sus vehículos porque la empresa no les proveía de un lugar donde ellos habiten, tampoco la alimentación que correspondía, como dice nuestro convenio colectivo 396/12, que habla del desarraigo del 10% si es eje urbano y el 20% si es la intemperie. Eso incluye la habitabilidad de cada una de las personas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todo eso no se pagaba”.

Momento de la detención de los trabajadores el 23 de febrero.
Foto de Claudio Crespo

Al no ser el primer Oñate detenido en una lucha de trabajadores, la pregunta era obvia respecto si consideraba que la “portación de apellido” en el sector era una de las razones de se su detención. “Cuellito” no duda y responde que “todos mis hermanos son delegados también. Siempre estuvimos en la actividad gremial. Venimos de nuestros padres de la misma situación. La verdad que yo creo que tendrá mucho que ver con eso. Somos luchadores que estamos siempre del lado del trabajador, como lo hizo Víctor en su momento cuando estuvo detenido. Estuvo once meses detenido sin justa causa también. Estoy como quien dice marcado”. El ensañamiento de la justicia con los trabajadores detenidos por luchar es patente. Martín dice que “se han presentado varios pedidos de excarcelaciones que han sido denegados. Lo que queremos es que nos den la libertad. Es muy doloroso estar detenido, privado de libertad. Yo no soy nadie para juzgar, pero estoy en una penitenciaria de alta seguridad como una persona común y corriente como si fuera un delincuente más. La verdad que eso me duele en el corazón. Ojalá que esto pronto se aclare y nos den la libertad y podamos seguir luchando por los trabajadores”. También agrega que extraoficialmente tiene “entendido que en uno o dos meses a más tardar nos van a dar la libertad. Hoy me negaron la excarcelación nuevamente”.

La localidad de Las Heras desde hace varios meses está siendo el eje de numerosas organizaciones de derechos humanos de izquierda a lo largo y ancho del país y a nivel internacional por el aberrante fallo antiobrero donde se condenó a cuatro trabajadores a cadena perpetua y otros cinco a penas de 5 años de prisión. Sobre la persecución a los trabajadores en dicha localidad y consultado si encontraba relación entre su causa y las de los condenados, reflexionó que “no quisiera que tenga una connotación de la misma manera, pero yo siempre estuve acompañando a estos muchachos, de antes que fuera miembro de comisión. Tengo uno de los compañeros que están a perpetua, que es Hugo González, él trabaja conmigo en la empresa Oleosur”. En este sentido, amplía señalando que en la provincia “las persecuciones que se han hecho mayormente se dan en Las Heras. Ha habido un montón de casos. Te da mucha impotencia porque no puede ser que tomen un foco de referencia para querer ejemplificar la lucha obrera”.

La liberación de estos trabajadores dependerá en gran medida de una fuerte campaña de solidaridad y exigencia por parte de organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles, sindicatos y partidos políticos. Oñate mismo nos adelanta que “recibí la solidaridad de diferentes gremios, entre ellos Adosac, Camioneros, CTA, ATE, PO, UCR, PJ, Democracia Obrera, PTS y diferentes partidos de izquierda. Y también he recibido solidaridad desde distintos puntos del país”.  Por el momento, además del “Cuellito”, que es primer vocal  de la comisión directiva del gremio, también se encuentran detenido Néstor Vivares, de la comisión de cuenta del mismo y “Chiru” Armoa, delegado de la empresa BACSSA. Y como si esto fuera poco, el nefasto juez Eduardo Quelin, en quiendescansa la mayoría de causas contra los trabajadores de la localidad, ordenóla captura del “Picante” Oñate.

Trabajo esclavo en Trelew. La lucha en la pesquera Consermar

Por Iván Marín, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

 

Foto: diario El Chubut

Jornadas interminables que superaban las treinta horas ininterrumpidas de trabajo, con indumentaria obviamente inadecuada para las tareas que realizaban, el látigo y el maltrato constante por parte de la patronal, sueldos miserables y más de cien trabajadores en negro. Todo este combo infrahumano y esclavizante no es una descripción de las condiciones de vida de los trabajadores de la vieja sociedad industrial inglesa del siglo diecinueve, o de sus colonias a lo largo y ancho del planeta, sino la situación vivida a tan sólo cuatro o cinco kilómetros del centro de Trelew, en la empresa procesadora de pescado Consermar S.R.L., ubicada en el parque industrial. Una treintena de dichos trabajadores se encuentran hace tres semanas bloqueando el ingreso a la empresa exigiendo salarios adeudados, que se los blanquee y mejores condiciones laborales.

Beatriz, trabajadora de la empresa, nos relata cómo comienza la lucha, “el día 8 de marzo tomamos esta medida, por distintos temas, porque no nos pagaban, cobrábamos 24 pesos la hora por semana, y el 8 de marzo nos estaban debiendo tres semanas, y de esas tres semanas se pagó la mitad de una. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Ahí empezamos esta lucha pacíficamente”. Robín, uno de los referentes elegidos por los trabajadores, amplía el estado de la situación y se refiere a las condiciones en que la patronal los obligaba a desarrollar sus tareas, al señalar que “ya veníamos con problemas de pago, así que tomamos la decisión de tomar la planta. Este problema se agrandó cada vez con el poco trato que teníamos con el dueño, que es Javier Ortiz, que fue siempre con su carácter que tiene de explotarnos hasta el máximo. Nos hacía trabajar entre veinticuatro y treinta y seis horas. Y así y todo seguíamos trabajando hasta que se empezó a complicar con el pago. Los chicos de frío no tienen indumentaria para ese tipo de trabajo, están en remera, delantal y botas. Y después a merced de la salud de ellos tienen que laburar. La lucha es por ser blanqueados y estar en reglas, todo lo que significa estar en blanco. Un trabajo digno”. Vanesa, da más detalles de estas condiciones esclavizantes de trabajo, a partir de su experiencia personal, y señala que la patronal le adelantó el día de ingreso al laburo, que “había horario de entrada, pero no teníamos horario de salida, que podíamos salir el mismo día o al otro día. Empecé trabajando dieciséis-diecisiete horas. Un día nos hicieron trabajar veintidós horas, nos hicieron lavar bolsas con mucho amoníaco. Los horarios que teníamos para tomar y comer algo eran 15 minutos”. Nuevamente Beatriz se refiere a la cuestión, “lo máximo que hacíamos eran veintidós horas tres veces a la semana y ya después treintidos horas. Entrábamos a las siete de la mañana y salíamos al otro día a las ocho. Y todas las represalias que teníamos, no te vayas a enfermar porque mañana no entrás a laburar”.

Como es de esperarse, la lucha de estos trabajadores profundizó el odio furibundo que la patronal tiene por los mismos y comenzaron las persecuciones, amenazas y agresiones físicas. Al respecto dice Robín, “en lucha estamos veintisiete trabajadores, éramos treintiocho, algunos se bajaron. Y el resto que están en contra de nosotros son cerca de setenta y ocho personas, que fue trabajo de Ortiz ponerlos en contra de nosotros. Les ofreció la empresa que las manejen ellos y seguir trabajando en negro. Ha habido amenazas, armas de fuego, han tirado un tiro, a un compañero lo quisieron apuñalar. El señor Ortiz ha llegado a tomar la decisión de llegarle a pagar a la gente para que a nosotros nos venga a sacar”. Vanesa nos dice que ella fue una de las que sufrió en carne propia las agresiones de la gente enviada por la patronal, y que eso sucedió luego de una de las jornadas de negociaciones entre las partes: “el dueño nos amenazó diciendo que él iba a arreglar este tema casa por casa. En ese mismo día a la noche, yo llego a la una de la mañana a casa y a las dos de la mañana me rompen la luneta del auto. Yo hice la denuncia contra este hombre. Al tercer día me rompieron vidrio de arriba del auto”.

Esta lucha está siendo protagonizada en su mayoría por trabajadoras que en muchos casos son el único sostén económico de sus familias. Es necesaria que sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones de izquierda, de derechos humanos y la sociedad en general rodee de solidaridad esta lucha para que triunfe. En breve también tendremos las entrevistas en www.tvpts.tv.