miércoles, 2 de enero de 2013

Demandas democráticas, justicia de clase y la tarea de los revolucionarios

Pensaba en estos días acerca de los límites del propio régimen burgués para dar respuestas a demandas democráticas, que por su propia condición (la de “democrática”), son sentidas por una amplia mayoría del pueblo, ya que redundan en un beneficio para el mismo. No me refiero en este caso en particular a aquellas de índole estructural más profundas, como podría ser la independencia política y económica respecto de las economías imperialistas o una verdadera reforma agraria. Estas tienen la particularidad de aparecer más “abstractas” quizá al conjunto de los mortales aun de nuestro país. Ya volveremos sobre ellas. Pero quisiera detenerme en dos o tres ejemplos particulares de demandas democráticas sentidas para la población y que despertaron, despiertan o despertarán movilizaciones, discusiones y distintas experiencias de luchas. Tomaré los casos de las luchas contra la megaminería y otros dos que refieren o donde está involucrada, entre otros, la justicia burguesa: la trata de personas, a partir del bochornoso fallo en el caso de Marita Verón y uno sobre violencia represiva del estado en nuestra provincia, como es el de Julián Antillanca. Desde ya, estos casos no han tenido el mismo nivel de impacto a nivel nacional, pero justamente la idea es abordarlos porque más allá de esa y otras diferencias entre sí, podemos desprender conclusiones similares sobre la resolución de los mismos.

Sabemos que la lucha contra la megaminería es muy sentida en un sector importante de la población del país. En varias provincias ha suscitado grandes acciones de masas. Lamentablemente en otras ha logrado imponerse por una combinación de gobiernos con sus partidos políticos patronales, medios de comunicación, burocracias sindicales, aparato represivo del estado, jueces y demases, a favor de las multinacionales. En Chubut esta lucha dio un triunfo histórico allá por el 2003 con el “No a la Mina” en Esquel. Sin embargo, los años no pasaron en vano para algunos, y las clases dominantes desde entonces han ido preparando el terreno para volver a avanzar sobre el tema. En este sentido, los 8 años de gobierno de Mario Das Neves jugaron un rol crucial, sobre todo con sus políticas en la meseta central, principal territorio en disputa contra las megamineras. Allí se encargó de colocar funcionarios pro mineros y de acordar junto a las multinacionales para llevar “expertos” (es decir, esa clase cipaya de profesionales salidos de universidades estatales como privadas que juegan en contra de los intereses del pueblo) para generar la sensación entre los pobladores de la región que la única salida para sus penurias son estos emprendimientos.

El gobierno del ex dasnevista y ahora “neoK” ortodoxo Martín Buzzi se la emprendió con todo desde su inicio para reactivar públicamente la cuestión de la megaminería. Lo primero que hizo fue redactar un marco regulatorio, donde además de la megaminería estaría incluido, entre otras, la cuestión hidrocarburífera. Tuvo que retroceder en este aspecto y desdoblar el marco regulatorio, para impulsar la discusión y promulgación de la ley que refiere solamente a la parte de hidrocarburos que, dicho sea de paso, no será sino el ropaje para seguir con la entrega de nuestros recursos naturales a la multinacionales, como ya sucedió con la renegociación de los contratos petroleros con Pan American Energy en 2007. Este retroceso táctico del gobierno se debió a la respuesta de masas frente al ataque sufrido por asambleistas que se manifestaban contra la megaminería de parte de la burocracia sindical que dirige la Uocra, que amenazaba con generar una nueva crisis política. Pero, además, influye la interna del PJ y las elecciones nacionales del año que viene. Una primera lectura parecería indicar que el tema quedará en “stand by” hasta que se realicen los comicios. De aquí en más la cuestión pasa por seguir organizándose desde abajo contra estos emprendimientos patronales, expoliadores y ultra contaminantes. Sin embargo, el motivo de estas líneas no es relatar lo que más o menos se sabe, sino marcar ciertos límites de estas legítimas y sentidas luchas populares. En este caso en particular de la megaminería se hacer harto obvio el mismo: lograr un triunfo en esta batalla, por importante que sea, no deja de ser relativo en lo que hace a su fin último, es decir, que no haya megaminería en la provincia. ¿Por qué decimos esto? Por la sencilla razón de que la propia experiencia histórica demuestra que los triunfos de luchas populares que se plasman en leyes de un estado burgués así como se promulgan se pueden derogar, dependiendo de las condiciones económicas, políticas, del estado de ánimo de las masas y otros aspectos. El actual caso de la ley 5001, que prohíbe la extracción de la megaminería a cielo abierto en la provincia, y que fue producto de la lucha del 2003, no hace más que confirmar lo que acá decimos.
Podríamos afirmar que esta lucha cuya demanda democrática es sentida por un amplio sector de masas es en sí misma anticapitalista, ya que pone en cuestión una de las tantas formas en que el capital multinacional y/o imperialista ejerce su dominio sobre nuestro país. Es allí, justo allí, donde podemos sacar una segunda conclusión al respecto: la imposibilidad de cualquier régimen burgués para lograr independencia política y económica del imperialismo. Obviamente, acá ya estaríamos hablando de una demanda democrática de índole más estructural y para cuya resolución, como lo demuestra la experiencia histórica, es necesario una revolución tal que se proponga resolver el punto, pero que no se detenga en el mismo sino que, por su propia dinámica, para poder conservar el triunfo “táctico” avance estratégicamente de manera permanente sobre la propiedad privada e instaure un gobierno obrero y popular, que sea el primer eslabón de una perspectiva a nivel continental (Federación de Repúblicas Socialistas en toda Latinoamérica) y mundial de la revolución socialista.

El reciente fallo de la justicia tucumana dejando libre a todos los acusados del secuestro y desaparición de Marita Verón es otro caso en donde una demanda democrática expone hasta el final los límites de los gobiernos y regímenes burgueses para darles respuesta. Es que para que la trata de personas suceda se tiene que dar una combinación de factores mafiosos inherentes al propio régimen burgués: funcionarios corruptos, jueces cómplices, instituciones policiales, entre otros. Es decir, la maquinaria estatal lo tiene no sólo que posibilitar, sino, y lo que es más importante, impulsar. De ahí la responsabilidad tanto del gobierno nacional, los provinciales y municipales. Sin dudas, un fallo ejemplar en este caso, condenando a los acusados (que, hay que decirlo, no estaban siendo juzgados todos los responsables) hubiese sido un aliciente a la lucha de cientos de organizaciones de mujeres, derechos humanos y partidos de izquierda y, en particular, de la propia e incansable Susana Trimarco. Un fallo condenatorio hubiese, obviamente, hecho más visible lo que dijimos anteriormente: que los gobiernos con sus jueces y policías están metidos hasta el tuétano en la trata de personas.

Sin embargo, aun con un fallo favorable, y con todo lo que ello significa en la visibilización de la trata de personas, el mismo tiene sus límites. Sí, es que esta sociedad patriarcal donde la explotación sexual de las mujeres está naturalizada (sin desconocer que también la comunidad LGTB lo sufre) no dejará de ejercer sus prácticas opresivas institucionalizadas a fuerza de fallos judiciales o cambios legislativos, por importantes que ellos sean. Es que, como dijimos en el caso de la megaminería, todo avance que se pueda dar con una lucha en el marco de un régimen burgués, puede ser barrido en un futuro por distintas coyunturas. Retrocesos de este tipo la historia reciente de la humanidad ha presentado en no pocas ocasiones. Nuevamente, de lo que se trata es de darle contenido de clase a las demandas democráticas con el objetivo de llegar a la raíz del problema y subvertirlo definitivamente. Ello, obviamente, no se podrá dar en los estrechos márgenes de una sociedad burguesa, caracterizada no solamente por la explotación del hombre por el hombre, sino por la proyección exponencial de opresiones que le antecedieron: tal es el caso de la xenofobia, la homofobia y el patriarcado, por citar algunas. Todas estas formas de opresión, que no nacieron con el capitalismo, se desarrollaron necesariamente con el mismo ya que este las necesita para agregar más diques en la consciencia de las masas para su emancipación. Un primer paso en este sentido, a la vez que luchamos contra toda manifestación de opresión en el capitalismo, es organizarse para terminar con el mismo y construir una sociedad sin explotados ni explotadores, condición necesaria, pero no suficiente, para barrer con cualquier tipo de opresión.

Otro de los ejemplos que decidimos tomar es el impresentable fallo en el caso de Julián Antillanca, en donde dejaron libres a todos los policías acusados de su asesinato. Este caso, lo sabemos, sensibilizó y movilizó a un sector importante de Trelew y de la provincia en general. César, su padre, se convirtió en un referente de la lucha contra la represión policial e institucional. Al respecto ya hemos escrito varios artículos cubriendo distintas etapas de esta lucha, por lo que no nos detendremos en detalles de la misma. Vayamos al hueso, es decir, sus conclusiones: el escandaloso fallo se dio en el marco de una avanzada del gobierno, la oposición patronal, los medios de comunicación y la propia policía provincial, que semanas antes se había visto sumamente desprestigiada en la provincia a raíz de la violación a un pibe de 16 años en una comisaría de Trelew. Ello fue la gota que rebalsó un vaso de historial harto extenso de persecuciones, asesinatos, desapariciones, espionajes, represiones a los sectores populares por parte del aparato represivo provincial. Un fallo favorable hubiese sentado un precedente importantísimo para las masas movilizadas y debilitado aun más al frágil gobierno de Martín Buzzi y su desprestigiada policía provincial. Sin embargo, otra vez, los límites de la justicia burguesa se muestran insoportables cuando las propias estadísticas nos dan un cachetazo de realidad mostrándonos que en nuestro país las fuerzas represivas del estado asesinan una persona cada 28 horas. Se desprende sin demasiado esfuerzo que el asesinato, la represión, el espionaje es una función inherente a todo aparato represivo de un estado dirigido por una minoría social contra la inmensa mayoría de la población, como ocurre en todas las sociedades capitalistas. De ahí la archiconocida y certera frase respecto al aparato represivo del estado “no es un policía, es toda la institución”.

El aparato represivo del estado no se puede democratizar ya que su composición jerárquica y su función de guardián de la propiedad privada lo hace necesariamente una fuerza de choque legal contra las masas del pueblo. Además es parte necesaria de las mafias más reaccionarias que existen: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, desarmaderos de autos, por citar tan solo algunos. Por ello, los revolucionarios nunca apoyamos, en momentos de relativa normalidad del régimen burgués, reclamos sindicales de este sector, ya que los mismos, sean cuales fuesen, no hacen más que reforzar su función como aparato represivo del estado. En todo caso nuestros apoyos a reclamos del escalafón más bajo de estos sectores lo hacemos en períodos convulsionados de la situación económica, social y política, en donde la agudización de la lucha de clases cobra tal fuerza que pone en cuestión al régimen burgués en su conjunto, es decir, en procesos revolucionarios. Ahí tener esta política nos sirve para dividir al aparato represivo del estado (en particular la política es hacia el ejército con conscriptos, ya que su composición es con obreros y campesinos, distinto es el caso de las fuerzas policiales, que son profesionalizadas y adiestradas con otros fines que hacen mucho más difícil, aunque no imposible, su división incluso en estos períodos excepcionales) y, por ende, debilitarlo y facilitar la toma del poder por las masas de trabajadores y el pueblo pobre en su conjunto.

En los últimos días hemos visto otro de los límites de este sistema de explotación: la falta de respuestas a demandas mínimas insatisfechas de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Los saqueos que se produjeron en varias ciudades del país son una expresión exasperante de las mismas. No nos detendremos en este punto, que ya lo hicieron otros compañeros y muy bien. Recomendamos las siguientes lecturas al respecto: http://apuntesdefrontera.blogspot.com.ar/2012/12/apuntes-sobre-la-crisis-social-y-los.html, http://losgalosdeasterix.blogspot.com.ar/2012/12/navidad-2012-unas-lineas-al-correr-de.html, http://puntoddesequilibrio.blogspot.com.ar/2012/12/los-saqueos-o-como-el-ajuste-heterodoxo.html y http://latroskarosario.wordpress.com/2012/12/22/saqueo-a-las-expectativas-la-emergencia-de-otro-gran-problema-estructural/, entre otros.

En definitiva, estos cuatro ejemplos tomados de la coyuntura de las últimas semanas en el caso de los saqueos, el fallo de Marita Verón y la megaminería, y el de Julián Antillanca, que si bien la sentencia de la justicia fue en marzo, aun sigue siendo una causa de movilización en nuestra provincia, muestran lo que planteamos al comienzo del artículo: los límites del propio régimen burgués para resolver ciertas demandas democráticas. Esto se hace más patente en países con dependencia política y económica de las grandes potencias imperialistas, como es el caso de nuestro país. A la vez, muestran que dichas demandas están imbricadas hasta el caracú con cuestiones más estructurales, es decir de fondo, propias de un sistema irracional como es el capitalismo, que necesita e impulsa para su sostenimiento, entre otras cosas, la degradación del medio ambiente, la explotación sexual de las personas, en especial de las mujeres y la represión a las masas populares.

Como dijimos a lo largo de estas líneas, para dar respuestas a estas demandas, mientras luchamos por ampliar los derechos democráticos en la actualidad, debemos proponernos una militancia que apunte a un cambio de raíz, que barra con todo tipo de explotación y opresión. Para ello es fundamental estar organizados en una fuerza política con un programa claro para que cuando lleguen esos momentos convulsivos participe dando una salida a las masas para que las crisis la paguen los explotadores y opresores. Para los marxistas el sujeto social que conduzca dicho proceso es la clase obrera por su función clave en el proceso de producción capitalista y ser la única capaz de poder levantar un programa capaz de hegemonizar y hacer suyas las demandas más sentidas del pueblo. Pero para que ello sea posible hace falta además un sujeto político, es decir, un partido revolucionario que le dé contenido consciente y de independencia de clase a dicho programa. En este sentido Lenin, en su “¿Qué hacer?” nos dice: “La consciencia de la clase obrera no puede ser una consciencia verdaderamente política, si los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y opresión, de violencias y abusos de toda especie, cualesquiera sean las clases afectadas; a hacerse eco, además, precisamente desde el punto de vista de la socialdemocracia, y no desde ningún otro.”

Lo que Lenin llama “punto de vista socialdemócrata” es, para la época, desde el punto de vista de los marxistas revolucionarios. Es en este sentido citado más arriba que los revolucionarios tenemos no sólo el deber sino la obligación de intervenir en cada lucha por demandas democráticas, pero siempre sin perder la perspectiva susodicha. Ya que, volviendo al texto citado, “debemos exponer y subrayar nuestros objetivos generales ante todo el pueblo, sin ocultar ni por un instante nuestras convicciones socialistas. No es socialdemócrata el que olvida en la práctica que su deber consiste en ser el primero en plantear, en acentuar y en resolver toda cuestión democrática general”. Es desde ese lugar que somos parte de la lucha contra la megaminería, la trata de personas, la represión estatal y cualquier tipo de opresión. No hacerlo sería un crimen político. Sería algo así como dejar que la propia sinergia de la lucha en cuestión siga su cause normal, que se llegue a un triunfo o derrota de la misma sin tratar influenciar a un sector para que se sume a la militancia revolucionaria, es decir, no concientizar el pueblo en lucha de la necesidad de ir al meollo de la cuestión: el sistema capitalista en su conjunto. Nuevamente en el “¿Qué hacer?” Lenin nos dice: “¡Una “vanguardia” que teme que lo consciente prevalezca sobre lo espontáneo, que teme propugnar un “plan” audaz que tenga que ser aceptado incluso por aquellos que piensan de otro modo! ¿No será que confunden el término vanguardia con el término retaguardia?” Obviamente cuando hace referencia a que sea “aceptado incluso por aquellos que piensan de otro modo” implica dar la lucha política para imponerlo mediante el debate democrático y fraternal.

La necesaria confluencia del movimiento obrero, el movimiento estudiantil combativo y la intelectualidad marxista en un partido vanguardia que lleve adelante lo anteriormente planteado no caerá desde el cielo ni se podrá construir con agitación “desde afuera” de estos sectores. Por el contrario, es organizándose y militando en el interior de los mismos cómo se debe construir esa fuerza política. En esas luchas inclusive es donde estamos obligados a hacer carne en pequeña escala el programa de los revolucionarios. Un ejemplo muy conocido es el de Zanon, la cerámica de Neuquén, donde primero se barrió con la burocracia, luego se expropia a la patronal y se la puso bajo gestión obrera. Desde allí se demostró que los trabajadores no necesitamos de patrones para producir y que las normas de salud y ambientales son exponencialmente mucho más racionales cuando se las discute y debate democráticamente por los propios trabajadores. Desde Zanon también se apoyó con el cuerpo todo reclamo democrático no sólo de Neuquén, sino a lo largo y ancho del país e incluso a nivel internacional. Imaginemos lo que podría pasar con cientos de Zanon. El PTS, como fuerza política fundamental de ese proceso, apunta a construirse en el movimiento obrero en este sentido. Lo venimos viendo en procesos como las luchas de Kraft-Terrabusi, el subte, los tercerizados del ex ferrocarril Roca, por citar tan solo algunos ejemplos. Sabemos que no somos el partido revolucionario, pero en el camino transicional hacia construir el mismo es que planteamos la consigna de: “Por sindicatos sin burócratas; por un partido de trabajadores sin patrones; que la crisis la paguen los explotadores”. Obviamente, el programa de ese partido, también debe levantar las demandas de los sectores más oprimidos, como ya dijimos a lo largo de estas líneas

El Ruido
23/12/2012

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